Reflexiones sobre los sistemas institucionalizados de control social: El derecho penal y la prisión.
Reflexiones sobre los sistemas institucionalizados de control social: El derecho penal y la prisión.
Ideología y derecho penal:
La ideología y el derecho penal son dos conceptos interrelacionados pero distintos. La ideología se refiere a un conjunto de ideas, creencias y valores que influyen en la forma en que una sociedad o grupo de personas comprende y aborda diversos aspectos de la vida, incluido el sistema legal y penal. La ideología puede estar basada en principios políticos, morales, religiosos o filosóficos, y puede influir en la forma en que se formulan, interpretan y aplican las leyes penales.
Por otro lado, el derecho penal se refiere al conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos, las penas y los procedimientos para enjuiciar y castigar a quienes violan la ley penal. El derecho penal busca proteger los intereses de la sociedad y mantener el orden social a través de la imposición de sanciones a los infractores.
La ideología puede desempeñar un papel importante en el
derecho penal de diferentes formas. Primero, puede influir en la forma en que se
definen los delitos y se establecen las penas. Por ejemplo, una sociedad con
una ideología más liberal podría tener una definición más amplia de libertad de
expresión y aplicar penas más leves por ciertos delitos relacionados con la
expresión, mientras que una sociedad más conservadora podría tener una
definición más restringida y aplicar penas más severas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el derecho
penal no debe estar totalmente determinado por una ideología particular, ya que
también debe tener en cuenta principios fundamentales como la proporcionalidad
de las penas, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. La
aplicación del derecho penal debe ser equitativa, imparcial y basada en
evidencias sólidas.
"No obstante, esa penetración se ha relativizado. El DP por lo general no tiene contenido ideológico monolítico, en tanto las relaciones de clase se han tornado más complejas y el dialogo entre posiciones distintas se convierte en un elemento importante de la construcción de la democracia." (Campos, A. 2023. pág. 131.)
DERECHO, IDEOLOGÍA Y DISCURSO (scielo.cl)
Política criminal: entre el Derecho y la ideología · Noticias Jurídicas (juridicas.com)
https://youtu.be/mmIqlnROOS4
El impacto del derecho penal en el decurso histórico de la violencia social:
El derecho penal ha tenido un impacto significativo en el decurso histórico de la violencia social. A lo largo de la historia, las sociedades han desarrollado sistemas de justicia penal para mantener el orden, prevenir el delito y responder a los actos de violencia. Estos sistemas legales establecen normas, delitos y penas para regular el comportamiento humano y disuadir la comisión de actos violentos.
Así mismo, el derecho penal ha desempeñado un papel importante en la disminución de la violencia social en varias formas. En primer lugar, establece normas claras y explícitas que definen qué comportamientos son considerados delitos y cuáles son las consecuencias legales de cometerlos. Esto proporciona orientación a los miembros de la sociedad sobre lo que está permitido y lo que no lo está, lo cual puede disuadir a las personas de involucrarse en actos violentos por temor a las consecuencias penales.
Además, el derecho penal establece mecanismos de aplicación de la ley que permiten la detección, investigación y persecución de los delitos. Esto incluye la creación de fuerzas policiales, fiscalías y sistemas judiciales para investigar los delitos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que se les impongan las sanciones adecuadas. Estos mecanismos ayudan a prevenir y controlar la violencia social al proporcionar una respuesta institucionalizada y legítima a los actos delictivos. De igual forma, busca rehabilitar a los infractores y reintegrarlos a la sociedad de manera segura. A través de programas de rehabilitación, terapia y reinserción social, se busca abordar las causas subyacentes de la violencia y ofrecer a los delincuentes la oportunidad de reformarse y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Esto contribuye a reducir la reincidencia y, por ende, a disminuir la violencia social a largo plazo.
Sin embargo, también es importante reconocer que el derecho
penal no es la única respuesta para abordar la violencia social. La prevención
del delito y la violencia requieren enfoques integrales que aborden las causas
estructurales, sociales y económicas que subyacen a estos problemas. Esto
incluye la promoción de la igualdad, la educación, el acceso a oportunidades y
la construcción de comunidades seguras y resilientes.
"En cuanto a las determinaciones complejas del delito, este lugar común no apoya las "limitaciones" del DP que de continuo se invocan. Obviamente, tales determinaciones no podrían ser resueltas mediante las "funciones instrumentales" del aparato policial-judicial-penitenciario; pero eso de ninguna manera quiere decir que los modelos garantistas de intervención penal puedan consolidarse sin definir un proyecto de cambio social, en el cual encontrarían su viabilidad y factibilidad." (Campos, A.2023.pág. 132)
JIMENEZ ZAMORA.pdf (poder-judicial.go.cr)
La prisión y los "modelos de tratamiento":
La prisión y los modelos de tratamiento son dos aspectos
importantes relacionados con el sistema de justicia penal y la rehabilitación
de los delincuentes. La prisión es una forma de sanción penal que implica el
encarcelamiento de una persona condenada por un delito. Su objetivo principal
es castigar al infractor y, en teoría, disuadirlo y a otros de cometer futuros
delitos.
Sin embargo, se reconoce cada vez más que la prisión por sí
sola no es suficiente para abordar eficazmente el comportamiento delictivo y
reducir la reincidencia. Los modelos de tratamiento surgen como enfoques
complementarios a la privación de libertad, que buscan la rehabilitación y la
reintegración de los delincuentes a la sociedad. De igual forma, los modelos de
tratamiento se basan en la idea de que el comportamiento delictivo puede ser
resultado de diversos factores, como problemas de salud mental, adicciones,
falta de habilidades sociales o carencias educativas. Estos enfoques buscan
abordar esas causas subyacentes y brindar a los infractores las herramientas y
oportunidades necesarias para cambiar su comportamiento y llevar una vida libre
de delitos.
Estos programas ofrecen intervenciones terapéuticas y
educativas para abordar problemas específicos, como el abuso de sustancias, la
violencia doméstica, la educación y la capacitación laboral. El objetivo es
proporcionar a los delincuentes las habilidades y conocimientos necesarios para
reintegrarse con éxito en la sociedad y evitar la reincidencia. Dado que muchos
delincuentes tienen problemas de salud mental, se han implementado programas de
tratamiento y apoyo para abordar estas condiciones. Esto puede incluir terapia
individual o grupal, acceso a medicamentos y servicios de apoyo continuo
después de la liberación. Estos programas se centran en la supervisión y el
apoyo de los delincuentes después de su liberación de prisión. Pueden incluir
visitas domiciliarias, pruebas de drogas, programas de empleo y asesoramiento,
con el objetivo de ayudar a los individuos a mantener un comportamiento
positivo y evitar la reincidencia.
Es importante destacar que la efectividad de los modelos de
tratamiento puede variar y depende de diversos factores, como la calidad de los
programas, el acceso a recursos y el compromiso del individuo en su propio proceso
de cambio. Además, el enfoque en la rehabilitación no significa que las
sanciones penales deban desaparecer, sino que deben complementarse con
esfuerzos para abordar las causas del comportamiento delictivo y promover una
reintegración exitosa. En última instancia, el objetivo de los modelos de
tratamiento es reducir la violencia y el comportamiento delictivo, proteger a
la sociedad y ofrecer a los delincuentes una oportunidad real de cambio y
reintegración. Sin embargo, es un tema complejo y en constante evolución, que
requiere una evaluación continua y una combinación de enfoques para lograr
resultados positivos.
"Al ponerla en un primerísimo lugar, junto a los derechos de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) le proporciono una apariencia "humanista" a la concepción burguesa de libertad. Sin embargo, semejante exaltación no tenía un fondo romántico: en virtud de su propia racionalidad económica y política, El Nuevo Orden requería generar una gran masa de trabajadores dispuestos a competir entre si y por lo tanto jurídicamente libres." (Campos, A.2023.pág. 135)
Comentarios
Publicar un comentario