Diferencia entre política criminal y política general. ¿Qué beneficios presenta una Política Criminal bien planteada y dirigida?

Imagen 1: Políticas públicas. Fuente Google academics 
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Es crucial comprender la distinción entre dos conceptos fundamentales: la Política Criminal y la Política General. Ambos términos, aunque se relacionan, abordan aspectos diferentes de la función estatal y tienen implicaciones significativas en la configuración de las normativas y la toma de decisiones. Para desentrañar esta distinción, es necesario adentrarse en cada uno de estos conceptos y analizar sus características y alcances.

Política Criminal

La Política Criminal se refiere al conjunto de estrategias, medidas y acciones que el Estado implementa para prevenir el delito, controlar la criminalidad y promover la seguridad pública. En esencia, se trata de la política específica relacionada con el ámbito penal y la administración de justicia. La Política Criminal abarca una amplia gama de áreas, que van desde la legislación penal y la ejecución de las penas hasta la prevención del delito y la reinserción social de los infractores.

El objetivo principal de la Política Criminal es encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y los derechos individuales de los ciudadanos. Para lograr este objetivo, se recurre a diversas herramientas y enfoques, como la aplicación de leyes más severas, la implementación de programas de prevención del delito, la mejora de las condiciones en las cárceles y la promoción de alternativas al encarcelamiento.

Política General (Política Publica)

Por otro lado, la Política General se refiere al conjunto de decisiones y acciones que el Estado lleva a cabo en todas las áreas de su competencia, no solo en el ámbito penal. Esto incluye políticas relacionadas con la economía, la educación, la salud, el medio ambiente, entre otros aspectos. La Política General aborda cuestiones de interés público que van más allá del ámbito específico de la justicia penal y tienen un impacto en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.

A diferencia de la Política Criminal, que se centra exclusivamente en el control del delito y la administración de justicia, la Política General tiene un alcance mucho más amplio y aborda una variedad de temas y problemas sociales. Sin embargo, esto no significa que la Política General ignore el problema del crimen y la delincuencia. De hecho, muchas de las decisiones y políticas adoptadas en otras áreas, como la educación, la salud y el empleo, tienen un impacto directo en la prevención del delito y la promoción de la seguridad pública.

Diferencias y similitudes

Aunque la política criminal y la política general pueden tener objetivos superpuestos, como la seguridad ciudadana y el bienestar social, difieren en su alcance y enfoque. Mientras que la política general aborda una amplia gama de temas sociales y económicos, la política criminal se centra específicamente en el control del delito y la administración de la justicia penal.

Sin embargo, ambas políticas están interconectadas y se influyen mutuamente. Por ejemplo, las medidas económicas pueden afectar la tasa de desempleo y, a su vez, influir en los índices de criminalidad. Del mismo modo, las políticas de educación y prevención pueden tener un impacto en la conducta delictiva de la población.

Beneficios de una Política Criminal bien planteada y dirigida

Una Política Criminal bien planteada y dirigida puede tener una serie de beneficios significativos tanto para la sociedad en su conjunto como para los individuos involucrados en el sistema de justicia penal. Algunos de estos beneficios incluyen:

1. Prevención del delito: Una Política Criminal eficaz puede ayudar a prevenir la ocurrencia de delitos al abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la falta de educación, el desempleo y la exclusión social.

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3. Reducción de la criminalidad: Al implementar medidas de control del delito, como el fortalecimiento de las leyes penales y la aplicación efectiva de las penas, una Política Criminal puede contribuir a reducir la incidencia de delitos y mejorar la seguridad pública.

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5. Justicia y equidad: Una Política Criminal bien diseñada debe garantizar que el sistema de justicia penal sea equitativo y justo para todos los ciudadanos. Esto implica la aplicación imparcial de la ley, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías y grupos vulnerables. Al promover la igualdad ante la ley, se fortalece la confianza en el sistema de justicia y se fomenta la cohesión social.

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7. Reinserción social: Una Política Criminal progresista debe incluir medidas destinadas a la rehabilitación y reinserción de los infractores en la sociedad. Esto implica proporcionar programas de tratamiento, capacitación laboral y apoyo social para ayudar a los delincuentes a abandonar el ciclo delictivo y reintegrarse de manera productiva en la comunidad. Al promover la reintegración social, se reduce la reincidencia delictiva y se contribuye a la construcción de comunidades más seguras y saludables.

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9. Eficiencia y Eficacia: Una Política Criminal eficaz se caracteriza por su capacidad para lograr resultados tangibles en términos de reducción del delito y mejora de la seguridad pública. Esto implica la asignación adecuada de recursos, la coordinación entre las agencias de aplicación de la ley y la evaluación periódica de las políticas y programas implementados. Al adoptar un enfoque basado en evidencia y resultados, se maximiza el impacto de las intervenciones en materia de seguridad.

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11. Confianza en el sistema de justicia: Una Política Criminal transparente, coherente y basada en evidencia puede generar confianza en el sistema de justicia penal y fortalecer el Estado de derecho.

"Primero hay que efectuar un diagnóstico por áreas de problemáticas y de instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de éste son fundamentales. El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación normal, que en este caso sería la ideal). De allí surgirán los pasos a seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan Director de Política Criminal". (Aparicio. (s. f.). pág.3)

En conclusión, una Política Criminal bien planteada y dirigida es fundamental para promover la seguridad, la justicia y el bienestar en una sociedad. Al abordar eficazmente el problema del crimen y la delincuencia, puede contribuir a la construcción de comunidades más seguras, inclusivas y resistentes. Sin embargo, para lograr estos objetivos, es necesario un enfoque integral y coordinado que involucre a todos los actores relevantes, desde el gobierno y las fuerzas del orden hasta las organizaciones comunitarias y la sociedad civil.

Bibliografía:

Aparicio, J. (s.f.). ¿Qué es una Política Criminal? Y ¿cómo se elaboran una Política Criminal y un Plan director de Política Criminal? Foro de Seguridad. Recuperado de https://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4108.htm